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| Composición gráfica: Eduardo Flores |
El viernes 14 de junio será una fecha histórica, será la
fecha en la que las futuras generaciones en Ecuador recordarán la aprobación de
la ley de Comunicación. El 14 de junio es la fecha en la que se les acabó el
cuento -y la fiesta- a las empresas privadas que se dedican a lucrar de la
(des) información, a través del linchamiento mediático, del sensacionalismo,
del amarillismo, del chantaje y de la ventaja que da (daba) el creerse por
encima del bien y el mal.
La Asamblea Legislativa, en una hora y cinco minutos, saldó una deuda con los ciudadanos, que habían refrendado en la Constitución aprobada en 2008 y en la consulta popular del 7 de mayo de 2011. Una ley que había sido bloqueada sistemática e impunemente por 1.302 días.
El cuento empezó el 29 de septiembre de 2009 cuando la Asamblea Legislativa inició el trámite para la aprobación de la ley de Comunicación (que consta como mandato constitucional en la Carta Magna aprobada en Montecristi en 2008). El cuento venía disfrazado de cuco -que es una ley mordaza que va a acabar con la libertad de expresión-, el cuento venía disfrazado de irresponsabilidad -que la mejor ley es la que no existe-; el cuento venía disfrazado de dogmatismo -que los medios son semidioses, que están por encima del bien y del mal, que las audiencias deben creer en la prensa casi por mandato divino-...
Pero ese discurso gastado, fofo, llegó a su fin el 14 de junio. Dos días antes -el miércoles 12- la noticia de que la presidenta de la Asamblea, en uso de sus facultades había resuelto poner en agenda la reanudación de la sesión 136 en la que -luego de agotada las dos instancias de debate- se debía únicamente someter a votación la ley tomó a los detractores de la normativa con las armas abajo, con el discurso vaciado de contenido (que nunca tuvo).
El otrora reputado Alfonso Espinosa de los Monteros (Ecuavisa 12-06-2013, noticiero estelar) atinó a lanzar uno de los pocos (y débiles) argumentos que les quedaba: "que no se había debatido lo suficiente".
Esa noche, "Don Alfonso" agregó -ya más con resignación e impotencia que con la razón- "en fin, esa es la democracia que tenemos".
Pero Don Alfonso no dijo que esa democracia había sido pisoteada por los políticos de oposición, por los gremios de prensa, por la tristemente célebre ONG Fundamedios y por la billetera de los medios mercantilistas que se burlaron de dos mandatos populares que ordenaban la puesta en vigencia de la ley de Comunicación (transitoria primera de la Constitución 2008 y consulta popular 2011).
La ley ni el oficialismo que la propuso son en sí mismo “el Lobo”. Las leyes nacen de una causa primera, son, por otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en sociedad; funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para asegurar que se cumplan una serie de normas que respondan a las necesidades de la comunidad.
En lugar de vender cucos, los gremios, los
periodistas y quienes están involucrados en la comunicación deberían haber
realizado una autocrítica, un proceso de reflexión necesaria en el que se ponga
sobre la mesa de análisis qué hicimos mal para que se haya tenido que llegar a
la regulación legal. Lamentablemente, no hubo esa reflexión, fue más cómodo
replegarse en el argumento facilista de que no necesitábamos regulación.
Las prácticas corruptas de quienes detentaron
por décadas el monopolio de la verdad forzaron que se llegara a este punto. Las
listas negras, los linchamientos y chantajes mediáticos, la connivencia con el
poder político y económico para sacar ventajas, confundir la información con
mercancía, la precarización y explotación laboral, la exclusión de la
ciudadanía…nos llevaron a este punto.
Entonces, los ecuatorianos -esa mayoría que no tiene el privilegio de opinar en los grandes medios- reconfirmó lo que había sido una verdad escandalosa: que el Lobo del cuento de Pepito, ese animal malvado del que tanto había advertido el muchacho, y tantas veces en falso, no llegó nunca. Y no llegó porque el lobo no era la ley que democratiza la comunicación, el lobo había resultado ser un grupo de familias, dueñas de los medios de mayor penetración, que por décadas prostituyeron el derecho de la sociedad a estar debidamente informados.
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